La Casa Rosada busca extender el esquema de cesión de corredores viales a los distritos para reactivar obras. En paralelo, admiten que el proyecto de regulación de intereses no prosperará en el Congreso.
El Poder Ejecutivo Nacional alista una serie de encuentros con mandatarios provinciales con el objetivo de avanzar en la transferencia de rutas nacionales y destrabar la ejecución de obras públicas de impacto regional. En paralelo, desde Balcarce 50 confirmaron que la denominada Ley de Leyes de Gestión de Intereses (Lobby) no formará parte de la agenda legislativa del segundo semestre.
Respecto al esquema vial, la intención oficial es replicar en otros distritos el modelo aplicado en la provincia de Santa Fe sobre la Ruta Nacional A012. A través de este mecanismo, las administraciones provinciales pueden asumir el financiamiento, la conservación y la posibilidad de licitar concesiones privadas sin que el Estado nacional pierda la titularidad ni la jurisdicción de los corredores.
Desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía indicaron que cada convenio establecerá de forma específica los plazos, las obligaciones de mantenimiento y el marco bajo el cual las provincias podrán implementar el cobro de peajes o contratar operadores privados.
Agenda de infraestructura y gestión política
En el marco de estas negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará en los primeros días de agosto reuniones con gobernadores para analizar proyectos compartidos, entre los que se destacan obras hídricas y de saneamiento como el acueducto de Albigasta y plantas potabilizadoras.
Estas conversaciones se inscriben en una ronda de diálogo político que abarca temas presupuestarios, deudas previsionales y la coordinación de medidas preventivas ante contingencias climáticas.
Por otra parte, fuentes oficiales dieron por descartada la continuidad de la Ley de Lobby enviada meses atrás al Congreso. En los despachos de Casa Rosada admitieron objeciones técnicas y políticas internas sobre el texto de la iniciativa, principalmente vinculadas al diseño del registro, las sanciones y los estándares internacionales, por lo que el debate sobre la gestión de intereses quedará postergado para una futura reformulación.
