La Dirección General Impositiva (DGI), bajo la órbita de ARCA, denunció penalmente a la AFA y a Claudio Tapia por la apropiación indebida de tributos y seguridad social. El perjuicio fiscal estimado supera los 7.000 millones de pesos.
La tensión entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del fútbol argentino escaló a un nuevo nivel judicial. La Dirección General Impositiva (DGI) formalizó hoy una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
El organismo, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima que el perjuicio fiscal provocado por la entidad de la calle Viamonte asciende a los 7.000 millones de pesos.
La acusación directa contra Tapia
La presentación judicial lleva la firma de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA. El escrito apunta directamente a la responsabilidad de la administración, señalando a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, como el principal responsable en su rol de agente de retención y administrador de la clave fiscal.
La denuncia acusa a la AFA de no haber ingresado al fisco los montos retenidos a terceros —sumas que superan el límite de 100.000 pesos mensuales— mediante maniobras detectadas desde agosto de 2024 hasta la fecha.
Los números del reclamo
Según el desglose presentado por la División Recaudación Grandes Contribuyentes, la deuda se compone de dos grandes ítems:
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Retenciones Impositivas: Un monto de $916.005.301,41 correspondientes a IVA e Impuesto a las Ganancias de los meses de agosto y septiembre, que hasta el pasado 10 de diciembre permanecían impagos.
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Seguridad Social: Un total de $6.677.898.210,82. Si bien la denuncia aclara que estos fondos fueron depositados recientemente, la irregularidad radica en que se ingresaron con posterioridad al vencimiento legal, configurando el delito por los plazos vencidos.
Riesgo de prisión
La DGI encuadró la acusación en los artículos 4 y 7 de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario. Estos artículos tipifican la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”.
La ley es estricta: otorga un plazo de 30 días para depositar el dinero retenido. De no hacerlo, el «agente de retención» (en este caso, la administración de Tapia) podría enfrentar condenas de dos a seis años de prisión.
Este frente judicial se abre en un momento delicado para la AFA, que ya se encuentra bajo la lupa por investigaciones vinculadas a la causa «Sur Finanzas», sumando presión sobre la gestión actual del fútbol argentino.
