El Juez volvió a interrogar a los pilotos y ordenó nuevas pruebas. La Fiscalía de Investigaciones detectó irregularidades en el mapa de ruta de la aeronave de un empresario vinculado al Gobierno.
El Juez Martín Yadarola, en lo penal y económica, solicitó nueva información para establecer con exactitud desde qué aeropuerto despegó el avión privado que arribó al país el 26 de febrero con valijas que no pasaron por las inspecciones habituales, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, propietario de Flybondi e intermediario entre Javier Milei y Donald Trump.
La hipótesis es que hubo errores en los registros de migración y aeronáutica que indicaron un punto de partida diferente al verdadero. Por lo tanto, fueron ordenadas nuevas acciones, incluyendo declaraciones testimoniales y solicitudes de informes a entidades oficiales, y se retomó la toma de declaraciones a los pilotos del vuelo.
El informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) alertó acerca de irregularidades en la hoja de ruta del avión.
“Según consta en la Declaración General de Vuelo, el aeropuerto de origen informado fue Fort Lauderdale (KFLL). Sin embargo, a partir del análisis de diversa documentación incorporada tanto a este expediente como al expediente judicial, no se pudo confirmar con certeza si la aeronave efectivamente partió desde dicho aeropuerto o desde el aeropuerto de Opa-locka (KOPF)”, determinó el dictamen.
De acuerdo con lo indicado en la causa, el avión Bombardier Global 5000, operado por la compañía Royal Class y de propiedad de COC Global, habría dejado Fort Lauderdale (KFLL), Florida, Estados Unidos, según los registros migratorios.
Sin embargo, la investigación judicial indica que el despegue real fue desde otro aeropuerto cercano: Opa-locka (KOPF), también en el estado de Florida. Este dato no es menor, ya que podría impactar en la trazabilidad del vuelo y en la jurisdicción de los controles previos a su arribo a la Argentina.
La información surge de un mensaje de whatsapp del piloto del avión a la empresa Royal Class, con el que le informa que parten desde Opa-Locka, pero en los registros figura KFLL.
Un avión del empresario Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de la empresa Flybondi y próximo al Gobierno, reveló diversas anomalías para la Fiscalía, cuando ingresó al país en febrero de este año.
Se observaron las mismas inconsistencias en el segmento de salida. El 5 de marzo, el jet tenía como destino Fort Lauderdale, pero en realidad partió hacia París, con una escala anterior en Tenerife Sur, Islas Canarias. Además, los fiscales afirman que la ANAC no registró el ingreso del avión, lo que incrementa las incertidumbres acerca de los controles formales que debió realizar la aeronave.
Todas las alertas y sospechas saltaron cuando se descubrió que ese avión llegó al país con 10 valijas, de las cuales solo cinco se reportaron. Laura Belén Arrieta, responsable de operaciones corporativas de OCP TECH, era la pasajera, junto a los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. A la partida, se incorporó otro directivo de la compañía: Georges Du Plooy.
Las grabaciones de las cámaras en Aeroparque Jorge Newbery, lugar en el que el avión aterrizó, revelaron que los pasajeros y los tripulantes fueron protegidos por efectivos de aduana sin atravesar los escáneres ni tuvieron que someter sus equipajes a inspección.
De acuerdo con los fiscales, el trato diferencial con los tripulantes del vuelo no fue correcto, dado que no existía una congestión ni una circunstancia operativa que lo justificara. Conforme al informe del Ministerio Público Fiscal, las cámaras del hangar tampoco registraron una vigilancia constante y muestran «huecos temporales».
Además, examinaron la conducta de la pasajera, quien habría dado un teléfono a una agente de aduanas antes de entrar al edificio de arribos, lo que impulsó la solicitud para identificar e investigar a todos los empleados involucrados en la operación.
Por el momento, la causa avanza con una batería de medidas que apuntan a reconstruir cada tramo del recorrido del avión, verificar si hubo ocultamiento de información y determinar si existió contrabando. La empresa propietaria del jet, COC Global, sostiene que todos los controles se cumplieron y que “no hubo ninguna irregularidad”.
