El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes sobre el country Indio Cuá, propiedades en Caballito y registros migratorios. Buscan contrastar ingresos con el nivel de vida del funcionario.
La tregua política para el entorno más cercano al Presidente parece haber llegado a su fin en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita ha impulsado una batería de medidas de prueba que buscan desentrañar la evolución patrimonial del actual Jefe de Gabinete, en una causa que se bifurca entre presunto enriquecimiento ilícito y el polémico uso de vuelos privados hacia el exterior.
La investigación —que recayó en el juzgado de Ariel Lijo— pone el foco no solo en el funcionario, sino también en su esposa, Julieta Bettina Angeletti. El objetivo del Ministerio Público es determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados y el ostentoso estilo de vida que el matrimonio habría exhibido en los últimos meses, incluyendo estancias en exclusivos barrios privados y viajes internacionales.
El rastro de los bienes: De Caballito a Indio Cuá
La justicia ha enviado requerimientos a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia para identificar cada metro cuadrado a nombre de la pareja.
Un punto crítico de la pesquisa es la propiedad en el Country Indio Cuá Golf, en Exaltación de la Cruz. La fiscalía busca saber quién paga las expensas, si existen cuotas sociales extraordinarias y si se han solicitado permisos para nuevas obras de lujo en dicho predio.
Migraciones y declaraciones juradas: El contraste necesario
- Oficina Anticorrupción: El pedido de todas las declaraciones juradas presentadas desde que el funcionario asumió como vocero.
- Migraciones: El registro histórico de entradas y salidas del país de la pareja para contrastar gastos de pasajes y estadías.
- Registros del Automotor: Un informe detallado sobre la flota de vehículos y créditos prendarios a su nombre.
El factor Punta del Este
En paralelo, la justicia intenta determinar la legalidad del vuelo privado a Uruguay realizado junto al periodista Marcelo Grandio. Aunque desde el entorno del funcionario aseguran que el viaje fue un «obsequio» del trabajador de prensa, los investigadores sospechan de una posible dádiva o un mecanismo para ocultar gastos personales no declarados.
El avance de esta causa representa el mayor desafío ético y legal que enfrenta la mesa chica de la Casa Rosada desde el inicio de la gestión.
