La fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua tras las primeras declaraciones. La imputada rompió el silencio y dio un extenso testimonio sobre su vida.
Un Tribunal de la capital provincial dio inicio al debate oral por un desgarrador caso ocurrido en julio de 2013. Se investigan las circunstancias en las que una nena con discapacidad perdió la vida por desnutrición y deshidratación, en una causa que se extendió durante años y que ahora entró en su etapa decisiva ante las autoridades judiciales.
El debate arrancó formalmente ante los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Miguel Mattos y Viviana Gladis Cukla, del Tribunal Penal 1. La acusada es Mariela Andrea Ramírez, de 48 años y nacida en Puerto Rico, Misiones, quien llegó al juicio en libertad tras una larga espera judicial iniciada en el Juzgado de Instrucción 6 a cargo del juez Ricardo Walter Balor.
Al cierre de la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka pateó el tablero y pidió agravar fuertemente la acusación. El representante del Ministerio Público solicitó modificar la carátula inicial de «abandono de persona seguido de muerte» (que preveía entre 5 y 15 años de cárcel) a «homicidio agravado por omisión», una figura legal que contempla únicamente la pena de prisión perpetua. El fiscal remarcó que, tras escuchar a la propia imputada y al médico forense que hizo la autopsia, quedó claro que la menor falleció por una privación deliberada de agua y comida.
El extenso relato y la coartada de la imputada
Durante la jornada, la acusada aceptó declarar, responder las preguntas de los jueces, de su defensor oficial Miguel Ángel Varela y del propio fiscal. En su testimonio, Ramírez intentó justificar su accionar y sostuvo con firmeza: «Cuando no estaba en mi casa con mi hija, estaba trabajando». Contó que actualmente sigue desempeñándose como cajera en la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Posadas y repasó en detalle la historia familiar con la nena, llamada Belén.
Según explicó la mujer, cuando quedó embarazada sus propios padres la rechazaron: «Eran de mentalidad cerrada y se oponían. Me pedían que me enfajara y me cuestionaban porque iba a ser madre soltera». Más adelante inició un reclamo de filiación al padre biológico, pero como el hombre no tenía recibo de sueldo, el abuelo paterno debió pedir la guarda provisoria para darle obra social a la pequeña.
A los dos años de vida, la familia notó que la nena no hablaba. Tras consultar a un especialista, el médico Gabriel Galeano detectó descargas neurológicas y le diagnosticó Síndrome de Rett con rasgos de autismo, indicándole medicación específica.
Con el paso de los años, Ramírez tuvo otra hija (Micaela) con una nueva pareja y se mudó a un alquiler, aunque aseguró que nunca dejó de atender a Belén ni de comprarle los caros medicamentos, pañales y leche que necesitaba. Consiguió trabajo en la Municipalidad, sumó un segundo empleo y les adjudicaron una vivienda en el barrio Terrazas de Itaembé Miní.
Problemas económicos, violencia y los 10 días decisivos
La situación empeoró cuando el abuelo de la nena enfermó de Alzheimer. La familia contrató a una cuidadora privada, pero los problemas económicos de la pareja de Ramírez obligaron a vender la casa y mudarse a un dúplex en la calle Comandante Miño. En ese tiempo, Belén quedó al cuidado de su abuela, su tía y una joven llegada de Paraguay.
La crisis financiera continuó, vendieron el auto y se mudaron a una vivienda sobre la calle Soria, lugar donde ocurrió la tragedia. En ese contexto, Ramírez se separó por episodios de violencia de su pareja: «Ahí comenzó mi caos de deudas y cuidado de Belén», afirmó.
El desenlace ocurrió cuando su madre debió viajar a Corrientes y le pidió que se hiciera cargo de la niña. La acusada aseguró que pidió días libres en su trabajo y se los negaron. Le pidió ayuda a su hermana y a su expareja, pero ambos se negaron.
Según Ramírez, durante los 10 días que duró el viaje de su madre, la nena se descompensó porque extrañaba la casa de la abuela: «No quería comer, solo tomaba leche y jugo en mamadera. Tenía la piel de porcelana, le sangraba cualquier herida y se rascaba por alergia al pañal. Le daba alimento Ensure y la dejaba con aire acondicionado. Jamás la abandoné».
Además, la mujer arremetió contra la contención oficial: «Hasta el Estado me abandonó, jamás me dieron un subsidio o pensión. Vivía pensando que me iba a quedar en la calle y perder el trabajo. No tuve intención de provocarle la muerte».
El hallazgo sin vida y los duros cruces del fiscal
Sobre el día del fallecimiento, la acusada relató que llegó a su casa acompañada por una compañera de trabajo (la oficial Duarte) y al entrar a la habitación vio a su hija sin respirar: «Le vi el ojo para un lado, intenté hacerle RCP pero me di cuenta de que estaba fallecida y se me vino el mundo abajo». Intentó disculparse sobre el estado del entorno diciendo que la nena no dormía de noche, necesitaba música fuerte todo el tiempo y que ella «también necesitaba descansar como ser humano».
Al ser acorralada por las preguntas del fiscal Glinka, Ramírez terminó admitiendo un antecedente gravísimo: la niña ya había estado internada 15 días por desnutrición y deshidratación grave cuando vivían en el barrio Terrazas, episodio que en su momento se desencadenó tras un Cuadro de fiebre alta.
También debió dar explicaciones sobre el lamentable estado de la escena donde hallaron el cuerpo: la menor estaba sobre una cama rota y sin sábanas. La imputada alegó que la cama ya estaba rota de antes y que el piso repleto de cosas no era un depósito, sino que no contaba con placares para guardar la ropa.
El juicio ante el Tribunal Penal 1 continuará durante toda la semana con el testimonio de más testigos clave para determinar la responsabilidad final en la muerte de la menor.
