La causa por irregularidades en ANDIS avanza sobre el circuito financiero que habría movido coimas y sobreprecios mediante intermediarios, financieras y criptomonedas.
La causa que investiga presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. Tras el levantamiento del secreto de sumario, la Justicia concentra ahora sus esfuerzos en reconstruir el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de supuestas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, el expediente avanza sobre un entramado de intermediarios, financieras y empresas que —según los investigadores— habrían sido utilizadas para “blanquear” parte del dinero involucrado.
Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las líneas centrales apunta al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por su presunta intervención para favorecer a determinadas droguerías en procesos de contratación millonarios. La fiscalía sostiene que Calvete entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, considerado una pieza clave en la supuesta operatoria de lavado.
El expediente describe que ambos “movilizaban de forma regular importantes montos en pesos y dólares”, y que parte del dinero administrado por Pocoví habría sido invertido mediante la aplicación “NEBLOCKSHAIN”. Paralelamente, la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, cumplía un rol operativo: recibía cheques de las empresas involucradas y los derivaba a Pocoví para continuar con el circuito financiero.
La trazabilidad del dinero llevó a los investigadores hacia la empresa Neblockchain S.A., que podría ser la pantalla de la financiera Finanzas Sur, vinculada al empresario Ariel Vallejo. Un allanamiento realizado esta semana buscó documentación sobre estas operaciones, aunque por ahora se trata de líneas investigativas en desarrollo.
Otro nombre bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, presunto engranaje dentro del esquema. Según la causa, visitó junto a Calvete y Muñoz el country del entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo, figura central del expediente. El 27 de agosto, Mastropietro envió a Spagnuolo datos de una cuenta bancaria de la firma Baires Fly S.A.. Ese mismo período, las droguerías Prolite Orthopedics, Probock y Profarma transfirieron cerca de 100 millones de pesos a esa empresa. Luego, Mastropietro le envió a Calvete facturas que mencionaban “compras de kilómetros nacionales para aeronaves”, una justificación que los investigadores consideran parte de una posible maniobra de lavado.
Mientras el entramado financiero se reconstruye, la causa avanza en el plano judicial. Este martes declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y el ex número dos del organismo, Daniel María Garbellini. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, y durante diciembre se desplegará una secuencia de citaciones que incluirá a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano y Andrés Arnaudo, entre otros. La etapa cerrará entre el 1 y el 5 de diciembre con Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
La causa tiene dos ejes principales: por un lado, el presunto direccionamiento de contrataciones por alrededor de $40.000 millones a favor de un grupo de droguerías; por el otro, un esquema paralelo de coimas que habría funcionado tanto dentro como fuera de la estructura formal de ANDIS. La Justicia detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas sin vínculo institucional.
Una de ellas es Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche, quien —según la investigación— operaba de forma externa pero siguiendo órdenes de Garbellini y de Pablo Atchabahian, director del organismo entre 2018 y 2019. Ferrari habría gestionado licitaciones, reunido documentación interna y accedido a información sensible sin estar formalmente designada en el organismo estatal.
La investigación también pone bajo la lupa a Calvete y Pablo Achavajian, quienes según mensajes incorporados al expediente habrían dado indicaciones sobre proveedores, multas y montos a liberar. Además, registros de cámaras muestran a Spagnuolo ingresando a la casa de Calvete con una mochila, en un intercambio que —según la fiscalía— habría involucrado la entrega de cinco millones de pesos en efectivo.
El expediente se abrió luego de que en agosto se viralizaran audios atribuidos a Spagnuolo, donde se mencionaba un supuesto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y se aludía a la intervención de Eduardo “Lule” Menem y de la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía la voz, asegurando tener “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
