La fiscal ante la Cámara de Apelaciones Karina Cichero emitió la primera resolución favorable para mantener las escuelas abiertas
La justicia de la ciudad de Buenos Aires se manifestó a favor de una cautelar de dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en Capital Federal.
La medida la dispuso la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Karina Cichero, que respaldó esta posición en contra de las restricciones implementadas por el Gobierno por la segunda ola de contagios de coronavirus. Entre las que está la suspensión de la actividad educativa presencial por dos semanas.
La funcionaria judicial sostuvo que el recurso fue interpuesto “en debido tiempo y forma” y que en consideración de ella “correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada” y “disponer la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos” en la ciudad de Buenos Aires a partir del lunes.
Se trata de la primera resolución a favor de mantener las escuelas abiertas durante la pandemia.
Algunos de los planteos en contra de las restricciones los hicieron la ONG Abramos las Escuelas y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP).
En los escritos pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández en cuanto a la suspensión de clases presenciales.
Inicialmente el planteo entró al fuero contencioso administrativo. El juez Marcelo Segón consideró que no tenía que intervenir y pidió que se derivara a su colega Romina Tesone, que se declaró incompetente para resolver sobre el amparo presentado por Defensorías Oficiales.
Se presentó un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones del Consumo. La Sala IV de turno de la Cámara de Apelaciones corrió vista al Ministerio Público, y la fiscal Cichero se pronunció a favor de la continuidad de las clases presenciales.
La fiscal sostuvo que la ciudad de Buenos Aires “cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción, que en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía”.
Además mencionó “datos e informes vertidos por especialistas en la materia que dan cuenta del hecho que los contagios por Covid-19 no se producen sustancialmente en las aulas, ni que los niños son los principales agentes de contagio del virus”.
Sostuvo también en cuanto al traslado de alumnos a las escuelas que “la mayoría de los estudiantes al menos del nivel inicial y primario, concurren a escuelas que se encuentran ubicadas dentro de un radio cercano a sus domicilios”.
Fue en referencia a la movilización en transporte público y los eventuales contagios que allí podrían producirse, uno de los puntos que planteó el Gobierno para respaldar la suspensión de clases presenciales.
La presentación del gobierno porteño ante la Corte Suprema
El viernes la ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema un amparo judicial para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país.
La administración a cargo de Horacio Rodríguez Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”. Consideró entre otras cuestiones que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.