Se trata de una actualización de los impuestos a los combustibles, que están congelados desde 2021, y podría significar un aumento del 11% en los precios actuales de los combustibles.
El impuesto a los combustibles fue establecido por la Ley 23.966, aprobada en 1998 para financiar fondos de vivienda e infraestructura en todo el país. En realidad se trata de dos impuestos, un impuesto a los combustibles líquidos y un impuesto al CO2 o dióxido de carbono, que cobran un monto fijo que se actualiza en función de los cambios en el índice de precios al consumidor que mide el INDEC cada tres meses.
El gobierno decidió suspender la aplicación del impuesto desde del primer trimestre de 2021 para evitar un aumento sistemático de los precios de los combustibles debido a la inflación.
Sin embargo, esta decisión quedó estancada en el tiempo y en noviembre de 2023 se publicaron las últimas normas oficiales al respecto, que estipulaban que el congelamiento permanecería vigente hasta el 1 de febrero de 2024.
“El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”, dice la publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Gobierno puede “no renovar” ese congelamiento, lo cual se traducirá en un aumento de los precios de las naftas, ya que el componente impositivo suele trasladarse automáticamente a los precios. Según referentes del sector, en caso de que el Ejecutivo defina actualizar el impuesto, el impacto rondaría el 11% adicional sobre los valores actuales.