El Presidente anunció una reestructuración profunda del Estado. Incluye cambios en Seguridad, Justicia, Código Aduanero y la eliminación de las PASO.
En un discurso de fuerte impronta reformista durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei presentó una ambiciosa hoja de ruta legislativa para este 2026. Con el objetivo de rediseñar la estructura del país a largo plazo, el mandatario anunció que enviará al Congreso un paquete de 90 proyectos de ley, elaborados a razón de diez iniciativas por cada ministerio de su gabinete.
La agenda presidencial no se limitó a lo económico, sino que apuntó al corazón del sistema jurídico y político argentino, definiendo a la propiedad privada como la «piedra angular» de su gestión.
Los pilares de la reforma
El anuncio se estructuró en cinco ejes centrales que buscan desregular la economía y endurecer la seguridad:
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Reformas de Códigos: Milei confirmó cambios profundos en el Código Civil y Comercial para ampliar la autonomía contractual, y en el Código Penal, enfocado en el combate al crimen organizado.
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Seguridad Nacional: Se impulsará una nueva ley inspirada en el modelo de los Estados Unidos, que integrará las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia bajo un Consejo de Seguridad Nacional.
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Apertura Comercial: Se propuso una modificación integral del Código Aduanero (Ley 22.415) para digitalizar procesos y reducir la discrecionalidad, sumado al envío del acuerdo comercial con EE. UU.
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Justicia Republicana: El oficialismo buscará acelerar procesos judiciales y reducir la interferencia política en los tribunales para lograr una Justicia más «ágil y eficaz».
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Reforma Política: Uno de los puntos más sensibles será el proyecto para eliminar las PASO y modificar el financiamiento de los partidos políticos, buscando mayor transparencia en las campañas.
Privatizaciones en el horizonte
Además de la carga legislativa, el Presidente ratificó su intención de avanzar con la privatización de empresas públicas, insistiendo en la necesidad de remover barreras legales que, según su visión, obstaculizan el crecimiento económico.
Con este paquete, el Gobierno apuesta a una transformación institucional sin precedentes, delegando ahora la responsabilidad al Congreso de la Nación, donde deberá negociar la aprobación de estas 90 iniciativas a lo largo del año legislativo.
