Javier Milei vetó la ley de aumento a las jubilaciones y la emergencia en materia de discapacidad. Este lunes serán publicados en el Boletín Oficial.
El presidente confirmó el rechazo a las leyes, sancionadas por el Senado a comienzos de julio, lo hizo en las últimas horas, con el objetivo de postergar su debate parlamentario.
El Ejecutivo sostiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados con el fin de mantener el rechazo del veto en la Cámara de Diputados. La Casa Rosada tiene el objetivo de aproximar sus posturas con los líderes provinciales mediante la negociación sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y pactos para las elecciones nacionales del 26 octubre.
Por ello, esta semana confirmaron la inclusión de cinco legisladores radicales en el bloque de La Libertad Avanza. Ellos son Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. El objetivo también de la mesa política de Balcarce 50 es obtener el respaldo del PRO y de los aliados federales.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, son los responsables de negociar con la oposición dialoguista. En la semana hubo reuniones con más de siete gobernadores.
El Gobierno mantuvo una reunión con Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Leandro Zdero de Chaco, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza. También Nación negoció para establecer alianzas electorales con los tres últimos y pactó con otros competir de manera individual para tratar de desplazar al peronismo en sus provincias.
El Ejecutivo afirma que no introducirá ningún cambio en la recaudación del impuesto a los combustibles y admite que implementará un sistema de acercamientos «uno a uno» con mandatarios para pactar la cancelación de deuda y el desembolso de fondos de manera discrecional. El oficialismo estaría dispuesto a ceder el porcentaje del impuesto asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
La Casa Rosada sostiene que la sesión del Senado donde se sancionaron las leyes de incremento jubilatorio y la emergencia en discapacidad resultó ser inválida. Por lo tanto, garantizan que llevarán el caso a la justicia si el Congreso rechaza los vetos. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, lidera la estrategia legal junto a su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
Desde el gobierno se mantienen herméticos con la idea de no resignar el equilibrio fiscal que se vería comprometido con estas leyes. “Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, agregan.
