A través de un dictamen de la Asesoría Jurídica, el Poder Ejecutivo ratificó que las respuestas previas tienen carácter definitivo y desestimó abrir nuevos canales de diálogo.
El Gobierno de la Provincia de Misiones, a través de su Asesoría Jurídica, emitió una respuesta formal y de carácter definitivo ante los reiterados reclamos presentados por un sector de expolicías que fueron desplazados de la fuerza provincial.
El documento ratifica de manera taxativa las contestaciones previas y descarta la apertura de nuevas instancias de negociación o diálogo sobre la situación registral de los peticionantes.
La resolución oficial se conoce en un contexto de alta visibilidad pública, mientras los expolicías involucrados en el reclamo —entre los que se encuentran referentes de las protestas salariales pasadas— mantienen un acampe frente a la sede de la Casa de Gobierno en Posadas, exigiendo su reincorporación inmediata a la estructura de seguridad y aduciendo la necesidad de revisar los procesos administrativos que derivaron en sus respectivas bajas.
Fundamentos del documento oficial: «Carácter definitivo»
El dictamen, que lleva la firma del doctor Carlos Javier Clerici, en su carácter de Asesor Jurídico del Gobierno de la Provincia de Misiones, fue dirigido formalmente en respuesta a las intimaciones presentadas por los ciudadanos que encabezan la petición de revisión de expedientes.
En sus párrafos salientes, el instrumento legal establece los siguientes puntos técnicos:
Eficacia de respuesta unificada: El documento señala que la totalidad de los planteos esgrimidos en las diversas presentaciones acumuladas durante los primeros meses del año judicial ya han sido oportunamente analizados, contestados y notificados bajo las normativas vigentes.
Principio de unidad de acción: La Asesoría Jurídica aclara que el Estado Provincial actúa bajo una única premisa administrativa, por lo cual «la respuesta ya brindada oportunamente en su momento tiene carácter definitivo y es plenamente abarcativa de todas las áreas, dependencias e integrantes que integran el Poder Ejecutivo Provincial».
Rechazo a la duplicación de trámites: El dictamen argumenta de forma categórica que la presentación sistemática de idénticos requerimientos ante distintas carteras ministeriales o reparticiones gubernamentales «carece de sentido procesal y eficacia jurídica», concluyendo que al haberse resuelto el fondo de la cuestión, la multiplicación de trámites no altera la resolución final.
El trasfondo de la disputa en la plaza pública
El diferendo administrativo y legal se remonta a las medidas disciplinarias dispuestas por la Jefatura de Policía y el Ministerio de Gobierno tras la apertura de causas judiciales orientadas a investigar presuntos delitos de sedición y conspiración en el ámbito de las fuerzas de seguridad estatales. Dichas actuaciones derivaron en el desplazamiento de los agentes y en periodos de detención preventiva dispuestos en su momento por los magistrados de instrucción intervinientes.
Mientras que desde el sector de los expolicías desplazados se sostiene el argumento de que sus desvinculaciones vulneraron garantías del debido proceso y demandas laborales elementales, el instrumento jurídico refrendado por el Poder Ejecutivo da por cerrado el debate administrativo.
Las autoridades consideran que los canales institucionales de respuesta se encuentran agotados, ratificando en todos sus términos las disposiciones que determinaron la separación definitiva de los recurrentes de las filas de la institución policial.
