El Gobierno nacional promulgó la Ley de Capitales Alternas, que le permite mudar la sede oficial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el interior.
Se trata de veinticuatro ciudades donde, por los próximos cuatro años, podrá haber reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).
El proyecto es una iniciativa del Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Eduardo Wado de Pedro, que promueve el federalismo en la gestión nacional de la República Argentina.
En ese sentido, la declaración busca “ponerles fin a las grandes inequidades a través de políticas públicas que resuelvan problemáticas y potencien a las diversas regiones del país”.
Esa fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, entonces candidato por el Frente de Todos, que firmó tal compromiso en agosto de 2019 en Rosario con catorce gobernadores.