El Movimiento Socialista de Trabajadores de Buenos Aires, presentó una medida cautelar en el Juzgado Federal de la Dra Servini de Cubría, donde plantean la inconstitucionalidad del «protocolo antipiquetes» lanzado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Básicamente plantean que se incumplen artículos de la Constitución Nacional. Por ejemplo, un artículo donde dice que es potestad del Congreso de la Nación y no del ejecutivo dictar estas medidas.
La causa entró hoy al Juzgado Federal con Competencia electoral de la Dra María Servini de Cubría, un día antes de la gran marcha convocada por los movimientos sociales para este 20 de diciembre.
La Jueza se declaró incompetente y solicitó que se envíe el expediente con la medida cautelar al fuero Contencioso Administrativo Federal, quien es el encargado de revisar las actuaciones del estado nacional.
Se espera un sorteo en la cámara Contencioso Administrativo Federal, para resolver quien resolverá este pedido de inconstitucionalidad.
Las cuatro fuerzas federales, más el servicio penitenciario federal intervendrán ante los piquetes parciales o totales.
Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Habrá una nueva ley que será presentada pronto, de nuevas penas a quienes corten rutas. Las fuerzas federales podrán intervenir inmediatamente en momento de flagrancia.
De acuerdo al artículo 194 del código penal y podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales. Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en la zona federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia, para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren.
No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal, no es porque hay una vía alternativa se permite que esa vía siga cortada.
Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.
Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos utilizados y sus conductores. Se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener.
Se va a trabajar también en las estaciones de tren. Aquellas personas que vayan con algún tipo de material que debe ser incautado, como palos o caras tapadas u otras formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad.
Los datos de los autores, cómplices, partícipes, investigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquean, de ser una persona con plan social podría perder este beneficio, como anticipó Milei en su primer discurso como presidente.
Será también tenido en cuenta sobre todo los instigadores, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa.
Se le va a dar también aviso al juez competente, en caso de daño ambiental, algo que sucede de manera permanente en la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor.
En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos, y se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños y que no estén los niños donde tienen que estar, en las escuelas estén en una manifestación en una marcha o en un piquete.
Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones y que tengan personería, o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos.
En caso de tratarse extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la dirección nacional de migraciones. Se va a crear un registro en las organizaciones que participan en este tipo de hechos, y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de acciones.
Se creará un registro de las organizaciones que participen estás organización. Por último se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré.