Este lunes, Manuel Adorni encabeza la mesa política para organizar las sesiones extraordinarias. El objetivo: aprobar la reforma laboral y la Ley de Glaciares el 12 de febrero en el Senado. Santilli acelera las negociaciones con las provincias ante el reclamo por Ganancias.
El Gobierno nacional entra en la semana decisiva para el armado de las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo 2 de febrero. Este lunes por la mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lidera la mesa política en la Casa Rosada con un objetivo de hierro: unificar la negociación y evitar que los acuerdos se dispersen.
Bajo el mismo esquema que permitió sancionar el Presupuesto 2026, el oficialismo dividió las tareas: Patricia Bullrich «pastorea» a los aliados en el Senado, Martín Menem hace lo propio en Diputados y Diego Santilli (Interior) mantiene el teléfono rojo con los gobernadores.
Las fechas y los proyectos en la mira:
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12 de febrero: Es la fecha «D» que el Ejecutivo marcó en el calendario para votar la Reforma Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado.
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19 de febrero: Si el plan sale bien, ambos proyectos aterrizarían en la Cámara de Diputados apenas una semana después.
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El factor UE-Mercosur: También se define si el histórico acuerdo con Europa se envía finalmente al Senado para su ratificación.
¿Gobernadores vs. Caja?
El principal escollo sigue siendo el Capítulo Tributario. Los gobernadores —incluyendo los dialoguistas como Hugo Passalacqua de Misiones o Gustavo Sáenz de Salta— ven con recelo la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades, ya que eso achica la masa coparticipable (el dinero que vuelve a las provincias).
Desde Balcarce 50 la postura es dura: no habrá compensaciones extra por fuera de lo que ya dice el Presupuesto. Aunque Santilli se reunió con seis mandatarios en lo que va de enero para limar asperezas, en el Gobierno lanzan una advertencia: «Los jefes provinciales definen algunos votos, no determinan todo». El mensaje es claro: el oficialismo busca acuerdos directos con legisladores para no quedar «rehenes» de las demandas de fondos de las provincias.
