La concejal Valeria Gómez de Oliveira (LLA) presentó la iniciativa en el Concejo Deliberante. Propone multas de hasta 2000 unidades fijas, canales de denuncia y programas de empleo.
El Concejo Deliberante de Posadas sumó a su agenda un debate de fuerte impacto social y urbano. La concejal Valeria Gómez de Oliveira, representante del bloque de La Libertad Avanza, presentó formalmente un proyecto de ordenanza que busca prohibir de manera definitiva la actividad de «trapitos», cuidacoches y limpiavidrios en todo el ejido de la capital misionera.
La iniciativa tomó estado parlamentario durante la sesión ordinaria de este jueves y comenzará a ser analizada en comisión.
El texto legislativo apunta a impedir de forma taxativa cualquier tipo de servicio o tarea informal que esté vinculada de manera directa o indirecta al cuidado, limpieza o reserva de espacios para vehículos en la vía pública.
Los argumentos: entre la informalidad y la intimidación
El alcance de la prohibición es amplio y engloba también a quienes se desempeñan limpiando parabrisas en las intersecciones con semáforos u otros puntos de alta transitabilidad, aclarando que la restricción regirá incluso cuando no exista una exigencia explícita de una tarifa fija.
Al respecto, la edil libertaria fundamentó que la propuesta responde a reiterados reclamos vecinales relacionados con la seguridad y el uso del espacio común:
Gómez de Oliveira argumentó que la ausencia de un marco regulatorio genera situaciones de incertidumbre en las zonas más concurridas de Posadas, donde muchos conductores terminan entregando dinero no por voluntad, sino para «evitar conflictos, situaciones incómodas o posibles represalias».
La concejal subrayó además que se tomaron como base diversos testimonios y denuncias de mujeres que manifestaron haber sufrido episodios de intimidación o amenazas verbales por parte de limpiavidrios tras negarse a recibir el servicio o a pagar por el estacionamiento informal.
Canales de denuncia, multas y apoyo policial
Para garantizar la aplicabilidad de la norma en caso de ser aprobada, el proyecto contempla una serie de herramientas de control punitivo y operativo. Entre ellas, se estipula la creación de líneas telefónicas de emergencia y canales digitales de denuncia que operarán de manera continua las 24 horas del día.
Ante la recepción de un alerta vecinal, los inspectores de la Municipalidad de Posadas deberán constituirse en el lugar para intimar al cese inmediato de la actividad informal. En caso de registrarse resistencia a la autoridad o desacato, los agentes municipales estarán facultados para requerir el auxilio y la intervención de la Policía de Misiones.
Asimismo, la normativa establece severas sanciones económicas para los infractores. Las multas propuestas se fijaron en un rango que va desde las 500 hasta las 2000 unidades fijas (calculadas en base al precio del combustible), previendo montos considerablemente mayores y castigos complementarios para aquellos casos en los que se verifique la reincidencia en la actividad.
Reinserción laboral como alternativa
Pese al carácter restrictivo de la prohibición, la concejal de La Libertad Avanza aclaró que el espíritu de la ordenanza no busca la criminalización de los sectores vulnerables que hoy subsisten a través de estas tareas informales en la calle.
Como contrapartida social, el proyecto encomienda al Ejecutivo municipal el diseño e implementación de programas de capacitación en oficios y esquemas de inserción laboral formal. Estas herramientas complementarias deberán articularse a través de la Oficina de Empleo de Posadas y otras áreas de desarrollo social, con el objetivo de brindar alternativas reales y formales de sustento económico a las personas que resulten afectadas por el cese de sus actividades en la vía pública.
