La Universidad Austral difundió un informe sobre la reforma a la Ley 26.122, que regula el control legislativo de los DNU. Analizan avances, cambios pendientes y desafíos institucionales.
Esta semana la Cámara de Diputados debatirá en comisión la reforma a la Ley 26.122, normativa que regula el control del Poder Legislativo sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), Decretos Delegados y Decretos de Promulgación Parcial de Leyes.
En este marco, el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral difundió un informe que analiza la media sanción del Senado y plantea los cambios y desafíos aún pendientes.
“Consideramos que se trata de un claro avance en relación con el régimen actualmente vigente. La experiencia reciente ayuda a dimensionar la necesidad de un ajuste”, señaló María Verónica Nolazco, coautora del informe y coordinadora del ODCL.
El documento revela que desde la reforma constitucional de 1994 hasta el 4 de septiembre de 2025 se dictaron 961 DNU. Desde que entró en vigencia la Ley 26.122 (2006), se emitieron 458. No obstante, en casi veinte años solo se registraron 6 rechazos en alguna Cámara y 2 derogaciones por rechazo de ambas.
Un dato central es que seis de los ocho decretos rechazados ocurrieron en los últimos cinco años, y que por primera vez los dos más recientes fueron rechazados por ambas Cámaras, lo que refleja un mayor nivel de control legislativo.
Infografía: DNU por presidente desde 1994
La Universidad Austral también difundió una gráfica que resume la cantidad de decretos firmados por cada presidente desde la reforma constitucional:
Total: 961 DNU
Carlos Menem: 101
Fernando De la Rúa: 53
Adolfo Rodríguez Saá: 6
Eduardo Duhalde: 152
Néstor Kirchner: 237
Cristina Fernández de Kirchner: 81
Mauricio Macri: 71
Alberto Fernández: 179
Javier Milei: 81 (hasta el 4/9/25)
Conclusión
Según el informe, los números evidencian una tendencia hacia la activación del control parlamentario en los últimos años. Consolidar este cambio con reglas claras y efectos definidos será clave para fortalecer el equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
