El Gobierno busca aprobar en extraordinarias la reforma laboral y ya circula el último borrador con cambios en vacaciones, indemnizaciones, jornadas y registración.
El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de un nuevo proyecto de reforma laboral que pretende ser tratado durante las sesiones extraordinarias. La convocatoria, que sería formalizada a través de un decreto del presidente Javier Milei, se publicaría el martes en el Boletín Oficial. En este contexto, comenzó a circular en las últimas horas un borrador que detalla las modificaciones centrales del paquete de “modernización laboral”.
El documento resume medidas orientadas a reducir la litigiosidad, bajar costos empresarios, ampliar márgenes de organización interna para las empresas y modificar la responsabilidad solidaria vigente en distintos regímenes. También redefine qué actividades quedan excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), entre ellas el empleo público —salvo excepciones—, trabajadores de casas particulares, agrarios bajo régimen específico, contrataciones civiles y comerciales, trabajadores independientes con colaboradores y quienes se desempeñan para plataformas digitales.
Vacaciones: flexibilidad y acuerdos individuales
El texto mantiene el derecho a un período anual de vacaciones pagas, pero incorpora un cambio central: empleadores y trabajadores podrán pactar individualmente o mediante convenios la extensión del receso. También se ratifica que las vacaciones deben otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque la autoridad administrativa podrá habilitar fechas por fuera de ese rango.
Se mantiene la posibilidad de fraccionar el descanso —con tramos mínimos de siete días— y se agrega que las empresas deberán garantizar vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.
Jornadas laborales y banco de horas
Uno de los puntos más sensibles del borrador es la habilitación del banco de horas. Este mecanismo permitiría compensar días de mayor carga horaria con otros de menor duración, siempre y cuando no se supere el máximo legal previsto por la ley o por el convenio de actividad.
Además, se incorporan acuerdos individuales por escrito para la compensación de horas extras, un esquema que apunta a descentralizar parte de la negociación.
Indemnizaciones y despidos
El proyecto habilita que la indemnización tradicional pueda ser reemplazada por fondos de cese laboral —públicos, mixtos o privados— y permite que el empleador constituya su propio fondo para financiar desvinculaciones. La base de cálculo incluirá salario básico, sumas habituales y antigüedad, dejando afuera pagos extraordinarios o transitorios.
En cuanto a los despidos con causa, el borrador establece que la comunicación deberá ser electrónica. El trabajador conservará el derecho a la defensa administrativa y judicial.
Beneficios sociales y remuneración
El documento enumera distintos conceptos no remunerativos como comedores, reintegros médicos, guardería, útiles escolares, capacitación o servicios de sepelio. También autoriza que la negociación colectiva o incluso acuerdos individuales incorporen componentes retributivos variables vinculados al mérito, desempeño u organización interna de la empresa.
Registración laboral y nuevos esquemas contractuales
El texto también plantea cambios en el sistema de registración, que quedaría centralizado a través de ARCA. La intención es que la inscripción en ese organismo tenga validez plena y que no puedan imponerse controles adicionales desde otros entes.
En cuanto a las modalidades, se flexibilizan el tiempo parcial y el trabajo eventual. En el caso del tiempo parcial, se autorizan horas suplementarias voluntarias y se unifican aportes, mientras que los convenios podrán fijar límites porcentuales.
Accidentes, enfermedades y certificados digitales
El proyecto incorpora la validez de certificados médicos digitales para justificar ausencias y habilita una junta médica para resolver controversias. También regula los casos de reinstalación y de extinción con indemnizaciones diferenciadas.
Un debate que se anticipa intenso
Mientras el Gobierno apuesta a que las compensaciones tarifarias y el refuerzo de fondos a las empresas generen mayor previsibilidad laboral, los gremios observan el borrador con cautela. La CGT analiza su estrategia a la espera de la convocatoria formal y advierte que la reforma podría modificar derechos consolidados.
El debate legislativo promete convertirse en uno de los ejes centrales del verano político y definirá hasta dónde llegará el intento oficial de modificar el sistema laboral argentino.
