El ministro Diego Santilli encabezó reuniones con los gobernadores de Catamarca y Salta. Buscan consensos parlamentarios para eliminar las PASO y tratar pliegos judiciales.
El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha una serie de consultas políticas con mandatarios provinciales con el propósito de evaluar consensos en torno a la reforma electoral y una batería de proyectos prioritarios que aguardan tratamiento parlamentario.
Las conversaciones se desarrollan en un escenario marcado por las demandas provinciales de financiamiento para la obra pública y recursos presupuestarios, sumado a las especulaciones lógicas de las diferentes fuerzas de cara al próximo año electoral.
La prioridad inmediata de la administración central se concentra en el proyecto de reforma electoral, una iniciativa que actualmente se encuentra paralizada debido a la resistencia de sectores aliados respecto a la propuesta de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo, el temario prioritario incluye los pliegos de designación de magistrados judiciales que requieren la aprobación formal de la Cámara de Senadores.
Interlocución oficial y reuniones con las provincias
El ministro del Interior, Diego Santilli, fue designado como el interlocutor oficial de la Casa Rosada para encabezar los encuentros institucionales con los ejecutivos provinciales. En este marco, el funcionario ya formalizó reuniones de trabajo con dos mandatarios que han funcionado como aliados circunstanciales en votaciones previas.
Con el fin de coordinar la estrategia parlamentaria en la Cámara Baja, Santilli mantuvo un encuentro previo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde se ratificó el carácter prioritario de la reforma electoral dentro de la agenda de sesiones, quedando supeditadas a la negociación posterior las eventuales modificaciones o concesiones que requiera el texto final.
La agenda de reuniones bilaterales de este miércoles incluyó los siguientes puntos:
- Encuentro con Catamarca: El ministro de Interior recibió al gobernador Raúl Jalil, quien asistió acompañado por funcionarios de su gabinete y legisladores nacionales. La comitiva catamarqueña expuso las demandas prioritarias de su distrito, focalizadas en el desarrollo productivo, la actividad minera, la infraestructura logística y los mecanismos para la atracción de inversiones.
- Encuentro con Salta: Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz. De esta mesa de trabajo participó también el armador político Eduardo “Lule” Menem, quien interviene en el diseño de la estrategia electoral del oficialismo. La conversación estuvo centrada en la planificación de los esquemas electorales para el año próximo, dado que los reclamos salteños por recursos y partidas para obra pública habían sido transmitidos previamente en una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde la conducción del oficialismo estiman que, a excepción de los distritos de Mendoza, Entre Ríos y Chaco —provincias que proyectan replicar los marcos de alianzas del año anterior—, la mayoría de los gobernadores condicionará sus posiciones legislativas a la evolución de los indicadores económicos y las encuestas de opinión pública a lo largo de los próximos meses.
Agenda parlamentaria paralela y proyectos con dictamen
Más allá de los proyectos que revisten mayor complejidad por la falta de acuerdos unánimes, las previsiones del bloque oficialista apuntan a impulsar iniciativas que cuentan con un trámite parlamentario avanzado y menores márgenes de resistencia en el Congreso.
En ese sentido, se planifica la convocatoria a una sesión en el Senado de la Nación para someter a votación un paquete específico de leyes y acuerdos:
- Iniciativas legislativas: El temario proyectado incluye la Ley de Propiedad Privada y la denominada Ley Hojarasca, esta última con media sanción previa de la Cámara de Diputados. También se analiza la incorporación de las modificaciones al régimen de Zona Fría, que ya cuenta con el aval de la Cámara Baja.
Nombramientos y convenios: Se prevé someter a votación un conjunto de 73 pliegos judiciales que disponen del dictamen correspondiente de la comisión de Acuerdos, junto con la ratificación formal del acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos conocidos como holdouts.
