El cacique Bertolino Ortega radicó la denuncia en la comisaría tras detectar máquinas viales y un cartel del loteo Santa Mónica dentro de la tierras protegidas por la Ley 26.160.
Un nuevo y complejo foco de conflicto territorial e inmobiliario genera máxima tensión en el interior de la provincia, poniendo otra vez bajo la lupa el cumplimiento de los marcos legales que resguardan las tierras habitadas históricamente por los pueblos originarios.
La situación escaló a instancias policiales luego de que los integrantes de una aldea tradicional descubrieran cartelería comercial y movimientos de suelo dentro del perímetro geográfico donde se levantan sus viviendas familiares y se desarrollan sus actividades de subsistencia.
El escenario de disputa se localiza de forma precisa en la Comunidad Pindoty’i, ubicada en la localidad de San Ignacio, donde los residentes se toparon de manera imprevista con un gran cartel publicitario que promociona la venta de parcelas bajo la denominación de loteo “Santa Mónica”.
El malestar y la profunda preocupación de las familias radican en que este emprendimiento privado no solo pretende avanzar sobre áreas de monte, sino que se proyecta directamente sobre el sector urbanizado donde se encuentran emplazadas las viviendas de la Comunidad, afectando de forma irreversible espacios que son utilizados de manera ancestral para prácticas culturales, ceremonias espirituales y cultivos agrícolas.
La gravedad del avasallamiento motivó la intervención directa del mburuvicha de la Comunidad, Bertolino Ortega, quien relató ante las autoridades que al salir hacia la zona de la ruta constató la presencia de maquinaria pesada realizando tareas de desmonte y limpieza de caminos. Ante la colocación del cartel de comercialización, el cacique se trasladó de inmediato a la dependencia policial para radicar la denuncia penal correspondiente en la comisaría, fundamentando jurídicamente que el predio en cuestión constituye territorio Mbya debidamente relevado bajo el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, una condición legal que prohíbe de forma taxativa cualquier tipo de enajenación, venta o subdivisión privada.
Desde la conducción de la aldea expresaron que este hecho se suma a una larga historia de intrusiones por parte de los denominados jurua (término con el que designan a las personas no indígenas), acusando una sistemática falta de respeto y reconocimiento hacia sus derechos preexistentes. Asimismo, los damnificados remarcaron que nunca fueron informados oficialmente sobre la existencia del proyecto inmobiliario ni convocados a instancias de consulta previa, libre e informada, una obligación jurídica de carácter constitucional consagrada en tratados internacionales vigentes en el país.
El caso vuelve a encender las alarmas en la provincia de Misiones por el crecimiento de los negocios inmobiliarios sobre áreas protegidas y expone el malestar comunitario ante lo que consideran una inacción institucional por parte de los organismos de control del Estado provincial y municipal.
Puntos Claves del Conflicto Territorial
- Ubicación del reclamo: La Comunidad Pindoty’i, asentada de forma ancestral en la jurisdicción de San Ignacio.
- Proyecto denunciado: La preventa de terrenos bajo el nombre de loteo «Santa Mónica», que abarca el sector residencial aborigen.
- Amparo de leyes federales: Las tierras se encuentran formalmente identificadas y protegidas por el relevamiento de la Ley 26.160.
- Acción judicial: El cacique Bertolino Ortega denunció penalmente el hecho en la comisaría tras constatar desmonte con máquinas viales.
- Falta de consulta: La comunidad indígena no recibió notificaciones previas ni los mecanismos de participación obligatorios que exige la ley.
