La detención de un hombre en una zona rural de San Pedro derivó en una fuerte movilización vecinal frente a la Municipalidad. Mientras la Policía sostiene una versión de los hechos, las familias del lugar denuncian otra completamente distinta, en el marco de un conflicto de tierras que involucra a la forestal Arauco.
Un hecho ocurrido el martes en una zona rural de San Pedro derivó en una fuerte movilización de vecinos frente a la Municipalidad, en el marco de un conflicto de tierras que enfrenta desde hace tiempo a familias de la zona con la empresa forestal Arauco. En el centro de la controversia está la detención de un hombre identificado como Ángel R., de 35 años, sobre la que circulan dos versiones marcadamente distintas.
La versión policial
Según el informe difundido por medios provinciales, el hombre fue detenido alrededor de las 14 horas en la zona del Lote Gramado Sur, luego de ser sorprendido quemando malezas dentro de un terreno que la empresa forestal Arauco reclama como propio.
De acuerdo con esa versión, al acercarse los efectivos policiales, el hombre tenía un machete en la mano, se negó a entregarlo y llegó a amenazar a los policías presentes, motivo por el cual fue reducido, detenido y se le secuestró la herramienta. Quedó a disposición de la Justicia.
La versión de los vecinos
Según trascendió entre los propios pobladores de la zona, Ángel R. habría sido detenido mientras trabajaba en su chacra, en Colonia Palmera Boca. Ante esta versión de los hechos, decenas de vecinos —integrantes de las 125 familias de Palmera Boca, Puerto Argentino y zonas aledañas— se autoconvocaron frente a la Municipalidad de San Pedro, donde improvisaron una carpa para resguardarse de la lluvia y permanecen en el lugar exigiendo su liberación inmediata.
La concentración, según pudo saberse, continúa sumando vecinos a medida que pasan las horas. Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse, tanto para acompañar el reclamo como para escuchar de primera mano el relato de las familias afectadas.
El pedido central de los manifestantes apunta también a la intervención directa del intendente Dos Santos, a quien le solicitan que medie con urgencia en el conflicto y que ponga fin a lo que las familias describen como una situación de persecución sostenida desde hace semanas.
El contexto: temporada de siembra y compromisos previos
Un dato relevante para entender el conflicto es que la zona atraviesa actualmente la temporada de preparación de suelo para la siembra, una tarea habitual entre los colonos de la región.
Según se indicó, los productores habían asumido previamente un compromiso con las autoridades provinciales: no realizar talas de árboles nativos, pero sí continuar con las labores de rozado y preparación de tierra para los cultivos, actividad que se concentra justamente en estos meses del año.
En ese marco, el machete —elemento central en la versión policial— es señalado por las familias como una herramienta de uso cotidiano entre quienes trabajan la tierra, y no como un arma en el contexto de esas tareas rurales.
El trasfondo legal del conflicto
Más allá de las versiones sobre lo ocurrido puntualmente el martes, el episodio reabre un debate de fondo sobre la titularidad de las tierras en disputa. Según plantean las familias, nunca se presentaron de manera fehaciente los títulos de propiedad que acreditarían a Arauco como dueña legítima del predio, pese a que la intervención policial se produjo, según se informó, a pedido de la propia empresa.
En ese sentido, cabe recordar que la Constitución Nacional establece la inviolabilidad del domicilio y de los predios privados, y que, como regla general, el ingreso de fuerzas de seguridad a un inmueble requiere de una orden judicial previa, salvo en situaciones de emergencia debidamente justificadas.
El reclamo de quien dice ser propietario de un terreno no reemplaza, por sí solo, esa autorización judicial, un punto especialmente relevante cuando existen terceras personas que afirman poseer y habitar el lugar desde hace años.
El conflicto se enmarca, además, en la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que fija límites a la propiedad extranjera en el país. Arauco, empresa forestal de origen chileno, adquirió estas tierras en la década de 1990, antes de la sanción de dicha normativa, un dato que también forma parte del debate sobre la legitimidad de su titularidad actual.
Una situación que la Justicia deberá esclarecer
Ambas versiones del hecho —la policial y la de las familias— permanecen abiertas y deberán ser investigadas por la Justicia para determinar con precisión qué ocurrió. De fondo, persiste una discusión que excede el episodio puntual: la disputa por la titularidad de tierras que estas familias afirman habitar y trabajar desde hace décadas.
