Preocupación en varios sectores de la Provincia de Misiones por lo que llaman «la Ley Mordaza» la creación de un organismo que podría eliminar la intimidad y los derechos de muchos.
En la sesión del jueves de la legislatura misionera, se aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Diciéndolo así pareciera algo fantástico y muy necesario en estos días, donde abundan las estafas digitales, los aberrantes delitos de distribución de material de abuso infantil entre otros. Pero cuando se entra a leer, analizar y desmenuzar el proyecto, surgen varios interrogantes y artículos oscuros que podrían ocultar intenciones políticas detrás.
Desde la oposición, influencer y medios que; son independientes o están en la vereda opuesta, alertan que hay una objetivo encubierto detrás de la «Ley Mordaza»
La nueva Ley, otorga a la nueva fiscalía facultades extraordinarias, como también la dota de la última tecnología para investigar de manera encubierta, metiéndose en los dispositivos electrónicos de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de cualquiera de los delitos que enumera la nueva ley.
Ante la más mínima sospecha, pueden secuestrar los dispositivos electrónicos del «sospechoso» sin la necesidad de una orden judicial.
Lo que más hace ruido, es el Artículo 7 de la ley, donde habla de las injurias, calumnias, intimidación pública, incitación a la violencia y fake news. Este podría ser una trampa para «perseguir» a cualquiera que hable en contra de algún funcionario o una institución. Como también podría ser considerado «intimidación pública» cualquier convocatoria a protestas o actos en repudio o reclamos. Teniendo en cuenta que, la esencia de este delito (intimidación pública) consiste en el desenvolvimiento de cualquier tipo de conductas capaz de generar o infundir temor público, con el peligro de promover tumultos o desórdenes sociales.
Ante la difusión de cualquiera de estas cuestiones enumeradas en la nueva ley por medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte.
El artículo 7 dice: En el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley.
Según el artículo 6, ante cualquiera de estos actos, el organismo creado recientemente, «queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que hayan sido utilizado para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito, para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio. A tal fin podrá solicitar la colaboración de la Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.)».
A través de la nueva fiscalía, se crea la figura del «Agente Cibernético Encubierto», uno o más funcionarios que dependen del SAIC y están autorizados a interactuar en todos los rincones del mundo digital con identidad falsa, inclusive intercambiando materiales prohibidos.
Una especie de «topo» que se podrá inmiscuirse en grupos de comunicación de cualquier tipo, públicos o privados, como también en redes de organizaciones sociales, educativas o profesionales.
Por el lado de la oposición y solo algunos medios que no dependen de la pauta oficial, advierten que es un peligro para la democracia, porque esta ley no tiene un límite y no queda claro los objetivos.
Cualquier persona, institución, empresa, medio de comunicación podría terminar allanado y envuelto en un delito por cualquier publicación que el gobierno considere falsa info, calumnia, injuria, intimidación pública o incitación a la violencia.
¿Qué se podría decir o publicar desde ahora? No se sabe, pero en cualquier momento podríamos ser nuestra última nota.
La nueva Ley completa
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