El Senado inicia el tratamiento de dos leyes claves impulsadas por el Gobierno. Incluye cambios en indemnizaciones y la baja de imputabilidad a los 13 años.
El próximo martes marcará un hito en la agenda legislativa del año. En el marco del periodo de sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación comenzará la constitución de las comisiones destinadas a tratar dos de los proyectos más ambiciosos de la gestión nacional: la Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil.
Tras varios meses de negociaciones encabezadas por el Ministerio del Interior, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) buscará sellar acuerdos con los bloques denominados «dialoguistas» (PRO, UCR y Coalición Cívica). El objetivo es alcanzar el quórum necesario para dar inicio formal al debate el 11 de febrero, en un clima de alta tensión por las movilizaciones gremiales ya anunciadas frente al Congreso.
Los puntos centrales de la Modernización Laboral
La iniciativa laboral pretende una revisión integral del sistema de contrataciones en Argentina. Entre sus ejes más polémicos y destacados se encuentran:
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Indemnizaciones y Cese: La creación de un “Fondo de Cese Laboral” inspirado en el modelo de la construcción, mediante convenios colectivos.
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Flexibilidad: La introducción del «Banco de Horas» para compensar jornadas sin pagar horas extras y la figura del «Colaborador Independiente» para trabajos autónomos.
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Cargas Patronales: Una reducción en las contribuciones para incentivar el blanqueo y la contratación formal.
Justicia Juvenil: El fin de la «puerta giratoria»
El segundo gran eje del debate es la reforma del régimen penal para menores. El proyecto busca reemplazar la Ley 22.278 con un enfoque que el Gobierno define como de «responsabilidad y seguridad».
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Edad de Imputabilidad: Se propone bajar la edad de 16 a 13 años.
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Penas Máximas: Se establece un tope de 20 años de condena, eliminando la reclusión perpetua para menores, aunque para delitos graves los adolescentes de 14 años o más podrían recibir penas de hasta 15 años.
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Enfoque Socioeducativo: Para delitos menores (penas inferiores a 3 o 10 años sin violencia), se priorizarán tareas comunitarias y libertad asistida sobre la prisión efectiva.
Rechazo sindical y movilizaciones
Mientras el Gobierno defiende las medidas como herramientas para generar empleo y combatir la impunidad, el sector sindical ha convocado a una resistencia activa. Las centrales obreras sostienen que el proyecto laboral impulsa la pérdida de derechos adquiridos y no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo.
La estrategia oficialista está siendo coordinada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ha mantenido reuniones con gobernadores para garantizar el apoyo en la Cámara Alta. El desenlace de estas leyes, impulsadas bajo la presidencia de Javier Milei, comenzará a definirse a partir de este martes, cuando los legisladores se sienten a discutir la letra chica de los proyectos que podrían cambiar las reglas de juego en el ámbito del trabajo y la justicia penal en Argentina.
