En medio de la crisis económica, los senadores se aseguraron un aumento salarial que elevará sus sueldos a más de $10,2 millones brutos desde noviembre. La medida genera repudio y críticas por el privilegio de la clase política.
Mientras millones de argentinos enfrentan salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, los senadores de la Nación se otorgaron un nuevo aumento que elevará sus dietas a más de $10,2 millones brutos por mes a partir de noviembre. El acuerdo fue cerrado en medio de una sesión marcada por tensiones políticas y negociaciones silenciosas entre los bloques.
Este privilegio no es nuevo: en abril de 2024, oficialismo y oposición votaron sin objeciones un sistema que ató los sueldos de los legisladores a los mismos módulos que perciben los trabajadores del Congreso. Desde entonces, sus ingresos quedaron compuestos por 2.500 módulos básicos, más 1.000 por “gastos de representación” y otros 500 por “desarraigo”. En la práctica, casi todos los senadores cobran este último adicional, aun cuando residen en Capital Federal.
A ese esquema se le sumó una dieta extra para “compensar” el aguinaldo, medida que benefició a toda la Cámara menos a Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación.
Tras un breve congelamiento impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta marzo pasado, los senadores retomaron la actualización de sus haberes, que en junio ya trepaban a más de $9,5 millones brutos. Ahora, con la última paritaria, el monto supera los $10,2 millones, gracias a un ajuste del 7,52% y bonos mensuales de entre $20.000 y $25.000 que también se aplican a los empleados del Congreso.
Villarruel intentó despegarse de la polémica al señalar que cada legislador podía renunciar “total o parcialmente” al incremento, aunque la mayoría no lo hizo. Desde La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos bloques provinciales hubo gestos aislados de rechazo, mientras que en el kirchnerismo, salvo contadas excepciones, el silencio y la adhesión marcaron la postura dominante.
El trasfondo es claro: mientras se debate el ajuste en jubilaciones, la reducción de subsidios y los recortes en programas sociales, la política se asegura su propio blindaje económico. Los legisladores, que deberían dar el ejemplo, terminan enviando una señal de desconexión con la realidad de la gente que dicen representar.
