Gervasoni calificó de «show» la denuncia del diputado provincial. Aseguran que los proyectos están protegidos por firma digital y amenazan con acciones por falsa denuncia.
El escándalo empezó este martes con una denuncia policial por una presunta intrusión en el cuarto piso de la Cámara de Representantes. Pero a las pocas horas derivó en un enfrentamiento político entre Amarilla y el dirigente peronista más explosivo de la renovación.
Tras las acusaciones del diputado opositor, Ramón Amarilla sobre la sustracción de un proyecto contra la «aduana interna», el titular del IMAC, Roque Gervasoni; en representación del sector oficialista, salió al cruce con términos durísimos, calificando el episodio como un «show» y una «falsa denuncia».
La réplica del oficialismo se apoya en un argumento técnico: la inviolabilidad del sistema de firma digital. «Los proyectos quedan en el sistema de la Cámara, donde se suben con la firma digital del diputado que es el único que la usa», sostuvieron desde la renovación, sugiriendo que es imposible «hacer desaparecer» una iniciativa legislativa que ya cuenta con respaldo digital en los servidores de la institución o en la propia computadora de la oficina.
¿Maniobra política o falla de seguridad?
La disputa no se quedó en lo técnico. La respuesta oficialista incluyó una cuota de sarcasmo, ironizando con que, si faltó algún papel físico, pudo haber sido usado para «hacer avioncitos», e instó al legislador a «dejar de alterar la paz social». El punto más álgido fue la mención al Código Penal, recordando que la «falsa denuncia» contempla penas de multa y prisión de hasta un año.
Sin embargo, hay un dato no menor: el denunciante posee fueros parlamentarios, lo que impide cualquier medida restrictiva de su libertad, un beneficio que ya fue clave en su pasado judicial tras ser electo.
El eje del conflicto: El 4,5% de la ATM
Detrás de los ataques personales, el fondo de la cuestión sigue siendo el proyecto de ley que busca eliminar el anticipo de Ingresos Brutos en El Arco y Centinela. Esta iniciativa, que propone dar de baja la alícuota del 4,5% que aplica la Agencia Tributaria Misiones (ATM), es vista por el oficialismo como un ataque directo a la estructura recaudatoria de la provincia, mientras que para la oposición es una barrera inconstitucional que encarece la yerba, el té y el tabaco.
Mientras la policía investiga si hubo una vulneración de las «Normas Iram» de seguridad que permiten a la guardia tener llaves de los despachos, el enfrentamiento mediático ha dejado claro que la batalla por el control fiscal de las fronteras misioneras recién comienza.
