Sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz por la tragedia del submarino. El excapitán de navío Claudio Villamide fue hallado culpable de estrago culposo.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia respecto a las responsabilidades institucionales en el siniestro naval que costó la vida de los 44 tripulantes en el Atlántico Sur. Los magistrados dispusieron la condena de un ex alto mando a una pena condicional, mientras que otros tres oficiales superiores de la fuerza resultaron absueltos.
El veredicto final y la lectura dispositiva de la sentencia se concretaron durante las últimas horas en los tribunales del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
La resolución de la magistratura fijó además que el próximo 21 de agosto se darán a conocer de forma completa los fundamentos técnicos de las determinaciones de los jueces.
Dentro de las resoluciones del tribunal, se determinó la culpabilidad del excapitán de navío, Claudio Villamide, quien recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, lo que implica que no cumplirá la pena dentro de un establecimiento carcelario.
Los jueces lo hallaron responsable civil y penal de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, la terna de jueces dispuso la absolución y exculpación total de los cargos para el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa.
De acuerdo a la reconstrucción efectuada por la fiscalía federal a lo largo del debate oral, la tragedia se desencadenó a partir del 15 de noviembre de 2017, fecha en la que la nave reportó una avería crítica en los sistemas internos.
La acusación remarcó de forma contundente que tras darse la alerta climática y mecánica, los mandos jerárquicos de la fuerza no adoptaron las medidas de seguridad previstas en los protocolos globales, omitiendo ordenar la navegación inmediata en superficie o convocar de urgencia a las brigadas de especialistas de la base.
En sus declaraciones finales previos al veredicto, Villamide se declaró inocente afirmando que el proceso configuraba un cuestionamiento directo a los reglamentos y al ejercicio del comando en el mar. Por su parte, López Mazzeo criticó duramente los argumentos del Ministerio Público, manifestando que la acusación formuló un relato basado en inferencias y suposiciones ante la falta de pruebas directas o nexos de dolo.
La causa judicial analizó la última misión del sumergible nacional, el cual había zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para tareas de patrullaje de soberanía marítima. Tras reportarse el desperfecto técnico, el navío con sus 44 tripulantes a bordo desapareció de los radares de posicionamiento global.
El casco resistente de la estructura militar fue localizado un año más tarde a una profundidad aproximada de 907 metros en el Atlántico Sur, determinándose pericialmente que sufrió una violenta implosión por presión hidrostática. Durante la instrucción penal se ventilaron auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la propia Inspección General de la Fuerza, las cuales advertían de forma previa el severo deterioro del banco de baterías y la falta de ingresos programados a dique seco para mantenimiento estructural, alertas que habrían sido ignoradas por la cadena de mandos.
