El Ministerio de Justicia cerró recientemente la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), por considerar que la existencia del organismo era incompatible con la Constitución nacional.
El nacimiento de este «organismo» fue en 1992, con funciones muy acotadas, había dado cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad.
En 2004 Néstor Kirchner creó por decreto la UEI, facultándola para acceder a todos los archivos en poder del Estado. Precisamente, ese fue el argumento esgrimido para su desafectación, pues, como dependencia del Poder Ejecutivo, llevaba a cabo investigaciones propias del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando el derecho fundamental a la intimidad de las personas.
La Asociación Judicial Bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y el propio Axel Kicillof no tardaron en hacerse oír. El gobernador bonaerense anunció la creación de un ente similar al cerrado para “seguir profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia” en la provincia.
Por su parte, desde Mujeres peronistas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado en el cual se denuncia que el cierre implica “una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar”.
En una entrevista, Carlotto apuntó duramente contra el presidente Javier Milei, acusándolo de haber puesto bajo asedio al movimiento de los derechos humanos. Cuesta imaginar que su reacción no tuviera también algo que ver con la situación en la que ha quedado su hija Claudia, coordinadora de la CoNaDi desde 1994, un cargo que debe revalidarse semestralmente y que hoy también estaría siendo cuestionado a pesar de que en abril pasado, el consejo de la institución con representación del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General y Abuelas de Plaza de Mayo, había pedido la continuidad de la funcionaria en el cargo. Cuando los privilegios dejan de ser vitalicios, los afectados alzan la voz.
En mayo pasado, el Ministerio de Seguridad se había negado a entregar legajos de efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuyo carácter es siempre reservado, ante un requerimiento de la UEI. Se terminaba así con una práctica frecuente como la de investigar, incluso sin pruebas ni indicios, hipotéticos vínculos de efectivos con niños apropiados. La ministra Patricia Bullrich juzgó como “absolutamente inadecuado” aquel pedido, respaldando su decisión en la Constitución y la ley de protección de datos personales.
El arguemento de las integrante del ex organismo que “Acá hubo un genocidio. Hubo muertos, heridos, desaparecidos, niños robados”, insiste Carlotto, pese a que con su accionar distorsionó el valor de la lucha que supo encarar para mancharla de venganza e intereses económicos. También hubo un gigantesco negociado a costa de una tragedia que lleva años de ser mirada con un solo ojo. La enorme maquinaria montada en torno a los derechos humanos con los dineros del Estado, dirigidos a sostener privilegios privados por décadas, empieza a crujir. La ideología se exacerba ante los recortes y la falta de fondos que tan gratuitamente aprovecharon hasta aquí un sinnúmero de amigos del poder. Es tiempo de terminar con estos abusos y de desenmascarar a sus responsables»