Además, le suspenderán la pensión que recibe por ser la viuda de Néstor Kirchner. Según Manuel Adorni, portavoz del presidente, en la Argentina de Milei no se asignan recursos a individuos condenados por corrupción.
El Gobierno informó que cancelará la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Kirchner. Además, le suspenderán la pensión que recibe como viuda de Néstor Kirchner. Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunció la decisión después de que se confirmara la condena a la ex presidenta en el caso Vialidad. “La Argentina de Milei no va a destinar fondos a una persona condenada por corrupción”, aseguró.
Desde el ministerio de Capital Humano, que está bajo la supervisión de la ANSES, se emitió un comunicado mencionando que, tras la confirmación de la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner, el gobierno del Presidente Milei ha decidido revocar los beneficios de privilegio que la ex Presidente recibía, incluyendo la asignación personal y la pensión derivada.
Explicaron que: “La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Según Sandra Pettovello, la asignación prevista por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación es un beneficio graciable que se otorga en reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño del cargo, sin tener carácter previsional. No es de naturaleza contributiva, es decir, no se basa en contribuciones equivalentes realizadas por la persona beneficiada, sino que se trata de un gesto de reconocimiento por su mérito y honor.
Desde Capital Humano declararon que: “La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”.
En el informe del organismo, resaltaron que: “Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal. Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada. Por último, es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”.