El Gobierno está planificando la eliminación de los Corredores Viales y el traslado de 3600 trabajadores públicos. El Ejecutivo está realizando la transición para ceder las responsabilidades de la empresa a la secretaría de Transporte, bajo la presidencia de Franco Mogetta.
Una vez que se realicen las concesiones de los segmentos que constituyen la Red Federal Vial, la Casa Rosada la desmantelará. Es un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 segmentos, que representan el 80% del tráfico nacional.
En Nación argumentan que los Corredores Viales sustituyen las tareas de la secretaría de Transporte y las de la Dirección Nacional de Vialidad. Es una entidad jurídica que se encarga de gestionar las rutas y autopistas más importantes del país. José Luis Acevedo es el presidente.
El grupo responsable de abordar los pormenores legales de la disolución es dirigido por Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que está bajo la supervisión del ministro de Economía, Luis Caputo. “Los Corredores Viales no tienen sentido. Vamos a cerrarla con una transición ordenada. Estamos definiendo qué áreas nos interesa mantener dentro de la secretaría”, comunicó un funcionario del área.
En el tercer trimestre de 2024, Corredores Viales registró ingresos corrientes de $136.113 millones, que incluyen el pago por funcionamiento y transferencias del Tesoro Nacional. Poseyó costos operativos de $107.890 millones y $5095 millones en gastos de capital.
Recaudó $95.593 millones mediante peajes ($91.407 millones), zonas de servicio ($3.293 millones) y sanciones por pesaje ($893 millones). Además, registra un stock de deuda de $15.982 millones entre la operativa comercial y la de capital.
El consejo directivo de la compañía está conformado por José Luis Acevedo, como presidente; Diego Marías, como vicepresidente; Federico Sánchez, como director; Vanina Molinari, como directora principal; y Liuba Lencova, como directora. Además, incluye las secretarías de negocios y de auditoría interna, junto con una comisión fiscalizadora.
También ocupa nueve puestos de dirección (Administración y Finanzas, Asuntos Institucionales, Coordinación Jurídica, Innovación, Planificación y Control, Capital Humano, Operaciones, Coordinación y Conservación). Posee siete direcciones y 25 departamentos.
A través del decreto 28/2025, el Gobierno ya ratificó el comienzo del primer proceso de licitación de la Red Federal de Concesiones. Este es el proceso de licitación para el Corredor Vial 18, que comprende las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, así como segmentos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La actual concesión expira el 9 de abril del próximo año.
El proceso secundario comprende 8470 kilómetros de rutas, incluyendo las rutas nacionales 33 en Santa Fe, 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba. El Ejecutivo argumenta que tiene como objetivo disminuir las contribuciones del Tesoro Nacional con una proyección de $6100 millones de dólares a 15 años.
Asimismo, el Gobierno ya inició el proceso para privatizar Energía Argentina S.A. (ENARSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., y la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE). El objetivo de la mesa técnica de Nación es segmentar y comercializar en fragmentos. La lista de compañías que se incluyeron en la Ley Bases tiene prioridad.
Milei posee la potestad excepcional de suprimir competencias, funciones, estructuras legales y obligaciones de cada entidad. El artículo 52 de la Ley Bases define el marco regulatorio para los trabajadores del sector público que laboran en áreas que podrían ser eliminadas o modificadas. Permite que permanezcan un año con goce salarial a la espera de su reubicación y que sean formados para otras funciones o desempeñen servicios tercerizados por el Estado.