Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mostró datos escandalosos: en una localidad, más del 80% recibía de parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplir con los requisitos.
El gobierno nacional informó esta mañana que en el Chaco más del 60% de los auditados no cumplía con los requisitos para recibir una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las auditorías sobre los más de 1.250.000 beneficiarios son efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la dirección de Diego Spagnuolo.
Actualmente, se están llevando a cabo operativos en diversas localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; no obstante, los casos que están bajo revisión fueron otorgados durante la administración de Jorge Milton Capitanich.
Durante los operativos, citaron un total de 2689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. Los resultados de las auditorías han sido sorprendentes: de los auditados, solo 365 (equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir, que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio.
Otros 1.796 (66.79%) no cumplen con los requisitos necesarios para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de baja”, según anticiparon a este medio funcionarios del Ministerio de Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) están actualmente en “fiscalización médica”.
Casos Increíbles
El vocero presidencial Manuel Adorni, se refirió a los resultados de las auditorías chaqueñas que revelan situaciones increíbles.
- Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y continuar cobrando el beneficio, el cual había sido concedido por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la mujer tenía los dos brazos y estaba en perfecto estado de salud.
- Diagnósticos confusos: Muchos beneficiarios dieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona afirmaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) documentaba diabetes. Este patrón se repitió en varios casos, evidenciando una falta de coherencia en los diagnósticos.
- Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de no haber sido diagnosticada nunca con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haberse realizado nunca una mamografía.
- Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, “lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones”, según lo interpretaron los funcionarios de la ANDIS.
- Confesión de Fraude: Una mujer reconoció durante la auditoría que no sufría ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el objetivo de eludir el pago de su salario.
De forma simultánea al “escándalo chaqueño”, una investigación judicial y una auditoría del Gobierno destacaron las arbitrariedades y los abusos que ocurrieron durante más de quince años en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, que han puesto en peligro el adecuado funcionamiento de una de las áreas más sensibles, la cual tiene como objetivo proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como el Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso en el desarrollo, entre otros muchos.
Las investigaciones exponen un sofisticado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la indiferencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no los necesitaban, en detrimento de personas que durante años han buscado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mínima y que fueron denegados.
Los hallazgos muestran casos increíbles. Un expediente, por ejemplo, presentó como diagnóstico un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner; la radiografía de un perro, como indicó el portavoz presidencial Manuel Adorni, o cómo expuso el fiscal federal Guillermo Marijuan: “Cientos de expedientes que compartían un mismo estudio médico, como radiografías, análisis clínicos, certificados sin nombre y firmas médicas, certificados apócrifos y médicos denunciando el uso de su matrícula para confeccionar certificados irregulares”.
Dentro de un proceso de auditorías iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de este año, debido a las irregularidades detectadas al inicio de la gestión en los procedimientos de entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral, se han llevado a cabo diversas operaciones que continuarán en todo el país con el objetivo de brindar transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente los requieren.
“En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania”, le expresó a este medio el fiscal federal de esa provincia, Carlos Amad, quien está investigando dos casos que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueñas. En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% recibe una pensión no contributiva por invalidez laboral. La causa ya cuenta con nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, que estaban relacionados con la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con información falsa y dar origen al expediente que, en su fase final, eran aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97% de esas pensiones son truchas”, comunicó el fiscal al ser consultado.
Entre los diagnósticos falsos presentados por los médicos, en los certificados aparecían enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes”, “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”. Amad descubrió familias enteras con certificados de discapacidad laboral, incluyendo menores y personas sin ningún tipo de enfermedad y discapacidad física que eran empleados de la misma municipalidad. El fiscal confiscó cuadernos en la casa de alguno de los imputados donde estaba registrado el pago de coimas para iniciar el trámite y hasta el diagnóstico que debía redactar el médico.
Desde la Casa Rosada le informaron a este medio: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron empleadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
De acuerdo a los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral aumentó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo estable, pero en la presidencia de Alberto Fernández, la cantidad de beneficiarios volvió a aumentar hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.