El Tribunal de Cuentas inició juicio de ejecución contra Carlos «Kako» Sartori y Hugo Andino por presuntas facturas truchas y desvío de subsidios en la entidad intermunicipal. |
Una presentación judicial de extrema gravedad sacude los cimientos del poder político en la tierra colorada. El ex presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y actual ministro Coordinador de Gabinete de la provincia, Carlos “Kako” Sartori, se encuentra bajo la lupa de los organismos de control. La investigación penal y administrativa apunta a presuntas maniobras de malversación de recursos públicos, desvío de subsidios estatales y el uso sistemático de documentación apócrifa para justificar gastos millonarios.
El escándalo, que tomó estado público este martes tras una pormenorizada revelación efectuada en el programa radial conducido por Alfredo Abrazian en la emisora FM Show, compromete el manejo de una de las cajas más importantes destinadas al municipalismo misionero durante los últimos períodos fiscales.
Rendiciones fraudulentas y facturas «truchas»
La punta del iceberg comenzó a delinearse a partir de las auditorías exhaustivas del Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo presidido por la doctora Fabiola Bianco. De acuerdo con los datos que trascendieron del expediente, el ente de control detectó groseras inconsistencias contables y la supuesta utilización de facturas truchas para simular erogaciones o inflar costos institucionales.
Ante la solidez de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas inició un juicio de ejecución y aplicó severas multas tanto a Carlos Sartori como al ex vicepresidente de la CODEIM, Hugo Andino (actual intendente de la localidad de Colonia Victoria), por graves anomalías en las rendiciones de cuentas presentadas durante su gestión conjunta.
Paralelamente, la Fiscalía de Estado, conducida por el doctor Fidel Duarte, mantiene bajo trámite una acción de ejecución judicial con el propósito firme de determinar el perjuicio económico real y exigir las correspondientes responsabilidades patrimoniales por el desmanejo de los erarios públicos.
El «modus operandi» bajo sospecha
La CODEIM ha sido la encargada de administrar y centralizar cientos de millones de pesos conformados por:
Aportes directos de los distintos municipios adheridos de la provincia.
Subsidios extraordinarios y transferencias de capital inyectadas por el Poder Ejecutivo provincial para programas comunitarios e institucionales.
La hipótesis que manejan los investigadores judiciales gira en torno a la existencia de una presunta estructura organizada dedicada al vaciamiento de estos fondos. El mecanismo delictivo habría incluido contrataciones simuladas, proveedores fantasma y comprobantes falsificados para dar cobertura legal a salidas de dinero inexistentes.
Efecto dominó en las intendencias: La investigación no se detiene en las figuras de Sartori y Andino. La lupa judicial se extiende a todos los miembros de la ex comisión directiva que estamparon sus firmas en los balances, autorizaciones de pago y actas cuestionadas.
Se anticipa que varios intendentes y jefes comunales misioneros deberán desfilar durante los próximos meses por el Tribunal de Cuentas para responder civilmente con sus patrimonios particulares por las irregularidades detectadas.
Un abanico de imputaciones penales
De comprobarse el circuito marginal de fondos y las inconsistencias contables, las actuaciones administrativas serán giradas a los juzgados de instrucción penal en turno. Las carátulas judiciales delictivas que podrían enfrentar los involucrados comprenden:
- Malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Falsificación de documento público y falsedad ideológica.
- Asociación ilícita.
- Enriquecimiento ilícito (en caso de detectarse un incremento patrimonial injustificado o incompatible con los haberes de la función pública).
El impacto de la denuncia genera un fuerte temblor político dentro de la estructura gubernamental, debido a que «Kako» Sartori se desempeña hoy en una de las carteras más estratégicas del gabinete provincial, tras haber sido designado como ministro Coordinador de Gabinete por el gobernador Hugo Passalacqua.
Hasta el momento, ni el actual ministro ni el entorno de los intendentes salpicados por la auditoría han emitido declaraciones públicas oficiales para desmentir las gravísimas imputaciones que pesan en su contra.
